Cuando se accede a una Vivienda de Protección Oficial, hay que tener en cuenta diversos comportamientos que pueden desembocar en la expropiación. No está de más recordarlos, ya que lograr la titularidad de una VPO es algo muy deseado y es conveniente estar al corriente de las siguientes consideraciones que recoge fotocasa para no acabar perdiendo la vivienda.

 

Residencia habitual

Uno de los principales requisitos que se le exige al propietario de una VPO es residir en la vivienda de forma habitual, es decir, que sea la primera residencia. Dependiendo de lo que determine cada ley autonómica, hay un máximo de meses al año que se pueden pasar residiendo fuera de la vivienda, y sólo en casos especiales y muy justificados ante la Consejería de turno se puede incumplir esta condición. Es habitual que las comunidades autónomas realicen inspecciones periódicas para confirmar que la VPO es la residencia habitual del titular de la vivienda que puede haber adquirido, después de la concesión del piso protegido, otras residencias a su nombre o al de otras personas de su familia. Esto no es ilegal, pero sí lo es utilizar la VPO como residencia vacacional. De hecho, queda tipificado como falta muy grave.

Vivienda vacía

Las cláusulas del contrato de una VPO especifican que el propietario tiene la obligación de entrar a vivir en un lapso de tiempo determinado. De incumplir esto, puede perder la propiedad y es uno de los motivos más habituales para la expropiación. Y es que a los inspectores les resulta relativamente sencillo comprobar este extremo: persianas bajadas durante semanas, entrevistas con los vecinos, visitas sin previo aviso, buzones llenos y contadores de agua, luz, gas a cero, son pistas bastante fiables de que la vivienda no está habitada.

Cesión o alquiler

La cesión de una VPO a familiares o amigos, ya sea gratuitamente o tras el pago de una cantidad determinada, es una práctica bastante extendida y suele realizarse fuera de la legalidad. Los inspectores suelen detectar estas faltas al comprobar la correspondencia que llega a la casa o las facturas de servicios como luz o agua, y que van a nombre de terceros. Asimismo, alquilar la VPO sin contar con el permiso correspondiente también es motivo de expropiación. Y en caso de que el arrendamiento se autorice, éste debe realizarse a precios de vivienda pública y no por el importe que se cobraría en el mercado libre.

Venta fraudulenta

Vender una VPO sin tener autorización es uno de los fraudes más comunes que llevan a la expropiación de la vivienda. Esto no quiere decir que no se pueda vender, pero una de las condiciones para poder hacerlo es dejar que pase un periodo de tiempo determinado, que varía según las leyes que maneje cada comunidad autónoma, y solicitar previamente la descalificación de la vivienda. El fraude más común es poner a la venta el piso protegido por el importe máximo que permita la comunidad autónoma de turno y añadir un monto adicional que el interesado paga en negro. En conjunto, y aunque la cantidad sin declarar suele ser elevada, el precio final no supera el del mercado libre, por lo que las condiciones son ventajosas para ambos, vendedor y comprador. No así para las personas que figuran en una lista de espera para acceder a una vivienda protegida, que salen injustamente perjudicadas. Por este motivo, la venta fraudulenta de una VPO es una de las faltas más graves recogidas por la normativa.

Usos no permitidos

Una VPO debe emplearse únicamente como residencia familiar. En ningún caso el propietario puede utilizar la vivienda como sede para un negocio. Esta condición está vinculada a la prohibición que tiene todo titular de una VPO de lucrarse con el inmueble. Tampoco tiene permitido realizar actividades peligrosas o tóxicas, o que puedan resultar molestas para la comunidad de vecinos.

Falsificación de documentos

Aunque resulta complicado engañar a la administración en este sentido, otra de las prácticas ilegales que pueden darse en el acceso a una VPO es la falsedad en los documentos presentados para lograr la concesión de la vivienda. Lo más común es tratar de engañar con respecto al número de personas que habita la vivienda cuando, por ejemplo, uno o más hijos ya se han independizado pero en la documentación presentada siguen apareciendo como miembros de la unidad familiar.

Impuntualidad en los pagos

Por último, ser propietario de una VPO conlleva la obligación de pagar con puntualidad las cuotas, tanto si se está de alquiler como si se ha accedido a la vivienda mediante un crédito hipotecario. Si los impagos se producen por parte de una familia que atraviesa una situación socioeconómica desfavorable, puede que los servicios sociales lo consideren antes de la expropiación pero debe quedar claro que esto se limita al plano de la casuística y no está regulado por una norma.

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