Cinco Días. –Muchos de los comercios tradicionales de nuestro país se verán obligados a partir del 1 de enero a cerrar sus puertas por la finalización de los contratos de renta antigua. Esto afectará sobre todo a aquellos establecimientos que se ubican en los centros de las capitales y en las principales localidades del país debido a que se trata de una decisión unilateral de los propietarios de los locales.

En 1994 se realizó una moratoria de veinte años en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por aquel entonces el motivo fue la especial dificultad económica que estaba atravesando el país, pero aquellos problemas parece que ahora son más pronunciados debido a la crisis. Afecta sobre todo a los sectores de servicios y comercio minorista. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) estima que en estos momentos existen unos 60.000 comercios y locales de negocio que no han podido renegociar los contratos de alquiler. Hay que decir que estas pequeñas empresas dan trabajo a más de 100.000 empleados, además de los propios autónomos, por lo que el daño en el empleo sería mayúsculo.

Las distintas partes afectadas, entre los que se encontraban miembros de UPTA y de la Plataforma Nacional de Afectados, se reunieron en alguna ocasión con el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, que propuso una enmienda alProyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio. SIn embargo, esta enmienda no se llegó ni a debatir, ya que la Mesa de la Cámara Alta no llegó a aceptarla a trámite y por ello se sienten muy defraudados el colectivo de autónomos y comerciantes españoles.

 

Anuncios