Promueven una jornada sobre las medidas contra el Blanqueo de CapitalesLa Jornada “Medidas contra el Blanqueo de Capitales” se impartirá en la sede de FURJA, Fundación para el Estudio Corporativo y Fomento de la Administración Judicial, (C/Monte Esquinza 24, 3º Derecha, Madrid), el próximo día 30 de octubre. Los participantes de la Jornada profundizarán en temas como la acción pública contra el blanqueo, el delito de blanqueo y la aplicación práctica de las medidas de prevención por el sujeto obligado, en una primera etapa matinal de 10:00 h a 14:00 h. Esta jornada concluirá por la tarde, de 16:00 h a 18:00 h, con el visionado de dos vídeos, con análisis práctico de la mano de Juan Antonio Aliaga Méndez y de Javier Gómez Bermúdez. Contará con la participación de Raquel Cabeza Pérez, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales; Javier Gómez Bermúdez, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional; y Juan Antonio Aliaga Méndez, Jefe de departamento en Consejo General del Notariado.

En concreto, Raquel Cabeza Pérez, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales; analizará los aspectos institucionales y el marco regulatorio del nuevo Reglamento de Prevención del Blanqueo. Por su parte, Javier Gómez Bermúdez, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional; desarrollará los aspectos sustantivos y procesales del delito de blanqueo, Comisión dolosa e imprudente y las medidas respecto de los activos blanqueados. Por último, Juan Antonio Aliaga Méndez, Jefe de departamento en Consejo General del Notariado, desarrollará la aplicación práctica de las medidas de prevención por el sujeto obligado.

El reputado académico y profesional, Pedro Martín Molina, Director de la Jornada y Presidente de FURJA, destaca que “esta jornada pretende dar a conocer de forma específica los requerimientos legales y reglamentarios que deben aplicar los agentes económicos sujetos a la normativa de prevención del blanqueo; el contenido y la aplicación judicial del delito de blanqueo y; analizar la forma de implantación de los modelos eficientes de prevención adaptados a la gestión y el tipo de actividad del sujeto obligado, centrando los costes de implantación de manera eficiente.”

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